El gran robo del que
pocos se acuerdan
A casi treinta años de uno de los hechos más oscuros durante
la democracia, la voluntad política nunca dijo presente
(Por Martín Stoianovich) “¿Por qué hoy Rosario es la única ciudad de Argentina donde no hay un solo policía federal implicado en lo que fue el mecanismo del Terrorismo de Estado?”, se pregunta Carlos Del Frade en “La vergüenza consumada”, el documental de Carlos Larrosa, basado en un guión del reconocido periodista, sobre el robo de expedientes que implicaban a represores de la Dictatura en octubre de 1984. La presentación del mediometraje en el Museo de la Memoria contó, además, con el relato detallado de algunos protagonistas de aquel hecho.
Todo se remonta a la joven democracia que volvió a surgir allá por 1983, después de los oscuros años de la dictadura militar. Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en diciembre de ese año, con el objetivo de investigar las violaciones de los Derechos Humanos cometidos en el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La misma CONADEP, junto a organismos de DDHH, recolectó una serie de testimonios que resultaron muy importantes, puesto que contenían información que identificaba a los integrantes de los grupos de tareas. Dichos expedientes fueron robados de los Tribunales Provinciales el 8 de octubre de 1984, logrando así que todos los miembros de la Policía Federal que estaban implicados en Rosario, nunca fueran juzgados.
“Había solamente dos policías vigilando en todo el edificio de Tribunales que abarca una manzana”, explica en el documental Manuel Blando, quien en aquél entonces era Presidente de la CONADEP Rosario. Fueron otros tres policías los que entraron al edificio, empuñando armas, y amordazaron a las únicas dos personas que se encontraban allí aquella madrugada. “Esto manifestaba que los aparatos represivos todavía existían”, cuenta Blando, sin salir del asombro y reconociendo el grado de temor que se vivía entonces.
Del Frade, por su parte, aportó al documental serias acusaciones: “El poder político de la provincia de Santa Fe jugó para la impunidad”. Explica, también, la hipocresía que reinaba entonces, puesto que las investigaciones del caso quedaron a cargo de Alberto Gianola, un integrante de la patota de Agustín Feced (jefe de la policía rosarina durante la dictadura). Del Frade concluyó respondiendo a la pregunta inicial, explicando que el material robado era exactamente el que imputaba a los integrantes de la Policía Federal, entre otros.
27 años después, la impunidad sigue vigente, las esperanzas son mínimas, pero la memoria resiste. Tal es así, que una vez concluido el documental, el simple grupo de espectadores se convirtió en una poderosa fuente testimonial. Se conocían, sabían mucho del tema. Eran compañeros, habían vivido aquellos hechos en carne propia.
Un señor, llamado Carlos, integrante de la CONADEP en esos años, prestó sus declaraciones. Tenía muchas cosas para contar, como todos ellos. “Nosotros entramos a este lugar (por el Museo de la Memoria), y aquí en el subsuelo estaban los pizarrones con la estructura de ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y Montoneros, todos tachados y detallado a quién habían matado, dónde, cuándo y cómo”, contó el hombre. Con esos detalles pretendió explicar la libertad con la que los represores seguían en actividad. Lo que hoy en día es el Museo de la Memoria, en aquellos primeros años de democracia mantenía la estructura de la dictadura (funcionó como centro de detención del Comando del II cuerpo del Ejército), y así sucedía con otros hechos, tal como el robo de expedientes.
Otro testimonio fue el brindado por Alfredo di Pato, único testigo civil del robo, quién sacó a la luz otro decepcionante hecho. “Después de muchos años, me encontré con mi declaración tergiversada”, explicó y detalló algunos de los puntos claves de la manipulación de sus declaraciones. Además, sostuvo que desde su punto de vista la complicidad del poder político no fue sólo en 1984, sino que hoy está vigente. “Nunca creí en la justicia, menos creo ahora”, concluyó.
A casi tres décadas de aquel hecho todo sigue igual. Otro ex integrante de la CONADEP, y abogado, sostuvo que la única manera de lograr que la causa -ya prescrita- pueda reabrirse, es vincularla a delitos de lesa humanidad. La esperanza de estas personas que se encontraron en el Museo de la Memoria permanecen vivas, pero todos saben que mientras no haya voluntad política, la impunidad va a seguir reinando.
