Los Derechos Humanos
y una gran polémica que
acusa al gobierno nacional
(Por Martín Stoianovich) Cuando allá por el 2003, en los inicios de Néstor Kirchner como presidente de la Nación, se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las banderas de los Derechos Humanos volvieron a flamear. “Espero que los argentinos podamos enorgullecernos ante nosotros y ante el mundo porque en el país se terminó con la impunidad”, sostuvo Kirchner en uno de sus actos por aquél entonces. Los militares genocidas de la última dictadura comenzaron a ser procesados y condenados definitivamente, logrando así un progreso inmenso en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, con el correr del tiempo se fueron dando sucesos que provocaron el descontento de las agrupaciones que pregonan y defienden el respeto por los derechos inalienables en todos los habitantes del país. Como no podía ser de otra manera, los representantes del gobierno nacional fueron señalados responsables de estos hechos que volvieron a poner en duda las políticas aplicadas en período de democracia.
En octubre de 2003 murió ahorcado en una celda, por suicidio según la versión policial, un militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy llamado Cristian Ibáñez. Días después, en el marco de una protesta contra la muerte de esta persona, otro militante de la CCC murió como consecuencia de la represión policial.
Algunos años después, cuando se comenzaba a condenar por delitos de lesa humanidad a los primeros militares de la última dictadura, ocurrió un hecho que marcó a fuego los cuestionamientos sobre la correcta aplicación de las políticas de Derechos Humanos por parte del gobierno nacional. El represor Miguel Etchecolatz fue el primer condenado y mientras se llevaba a cabo el juicio, desapareció Jorge Julio López. Fue el 18 de septiembre de 2006 el día en que este importante querellante fue visto por última vez. Los críticos del kirchnerismo lo apuntan como “el primer desaparecido de la democracia”.
Meses más tarde, en abril de 2007, en una manifestación de docentes por pedidos de aumentos salariales en Nequén el profesor Carlos Fuentealba fue herido de muerte en manos de la policía provincial. Hoy en día los responsables políticos de su asesinato disfrutan de la libertad. Un año después, también en Neuquén, una banda armada atacó una sede del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), hiriendo a los militantes que se encontraban allí. Un mes más tarde, Lázaro Duarte murió por las consecuencias de aquél hecho. Sobisch fue nuevamente señalado como responsable, y la impunidad otra vez se hizo presente.
En el año 2009, cuando se estaba por llevar a cabo el ballotage por las elecciones en Corrientes, el periodista Hernán González Moreno fue encontrado muerto en un descampado. La primer hipótesis hablaba de suicidio, pero luego se estableció que el periodista había recibido amenazas por parte del candidato por la Unión Cívica Radical Ricardo Colombi luego de que éste fuera denunciado por casos de corrupción. Actualmente, Colombi es gobernador de Corrientes.
En marzo del 2010, Silvia Suppo, testigo clave en el juicio al juez cómplice de la dictadura Víctor Brusa, fue asesinada mientras trabajaba. La hipótesis oficial habla de robo, pero todos los organismos de Derechos Humanos coinciden en que se trató de un crimen mafioso en venganza a los valiosos testimonios de Suppo.
En octubre del mismo año trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca en Avellaneda, Buenos Aires, realizaban una protesta con el apoyo de agrupaciones y partidos políticos. En manos de la Unión Ferroviaria, y en medio de una contramarcha, es asesinado el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Otra vez los reclamos de las agrupaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda responsabilizaron al gobierno nacional.
En diciembre de 2010, familias que reclamaban por un hogar y mejores condiciones de vida tomaron un predio del Parque Indoaméricano de Villa Soldati. La Policía Federal y la Policía Metropolitana realizan un violento operativo de desalojo donde murieron dos personas. Un paraguayo, de nombre Bernardo Salgueiro, y una boliviana llamada Rosmary Peña.
Estos son los hechos más destacados que provocaron que las agrupaciones sociales y políticas de izquierda critiquen actualmente las políticas de Derechos Humanos del gobierno nacional. Firmes en su postura, dan a entender que no alcanza con los juicios a los represores. Sus voces crecen y se hacen sentir, aunque la llegada a los medios de comunicación no sea la esperada. En los actos públicos, se renueva ese pedido de justicia definitiva y total desmantelamiento del aparato represivo del Estado. Uno de esos actos tuvo lugar en septiembre de este año, con motivo del quinto año de la desaparición de Julio López.
Allí se escucharon muchas voces que anunciaron un mismo pedido. “Se atrevieron a decir que Julio se fue a tomar el té con la tía”, declaró Norma Ríos, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en referencia a los dichos de Aníbal Fernández allá por el 2006. De esta manera el pedido por la aparición con vida de López sigue tan firme como hace cinco años.
De todas maneras, lo que más llamó la atención fue el común mensaje que acusaba al gobierno de Cristina Fernández de mantener la impunidad. Así lo expresó en el acto una representante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos: “Adherimos en denunciar que en la Argentina kirchnerista reina la impunidad”. “Mientras Cristina cena con empresarios genocidas como los de la Mercedes Benz, miles de genocidas siguen libres y la presidenta ataca al sindicalismo de base y a los revolucionarios”, acusó. De esta forma, se puede apreciar cuál es la postura de estas organizaciones.
Una de las más enfrentadas al kirchnerismo es la Corriente Clasista y Combativa, y Eduardo Delmonte, uno de sus principales dirigentes en Rosario no dudó en atacar. Demostró su decepción ante la actitud de la presidenta en su última visita a la ciudad, puesto que no hizo mención alguna del caso López, ni mucho menos acerca del constante reclamo de la CCC en cuanto a los planes sociales.
Otro sector que no se abstuvo de criticar al oficialismo fue el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). “La presidenta dijo que es fácil ser revolucionario en época de democracia, habría que preguntarle a Mariano Ferreyra, a Silvia Suppo, a Julio López y a muchos compañeros más si es fácil luchar en democracia, mientras sufrimos represión y asesinatos”, sostuvo Virginia, representante del partido en Rosario.
Como sucedió en el acto por el pedido de aparición con vida de Julio López, también ocurre en demás encuentros que tratan temáticas similares, y es así como las organizaciones por los Derechos Humanos y los partidos de izquierda ven a la situación actual. El país mostró un avance irreprochable en los últimos años, de la mano de Néstor Kirchner y, luego, de Cristina Fernández. Los juicios a los genocidas son considerados el progreso por excelencia en lo que refiere a los Derechos Humanos, pero a algunos sectores, evidentemente, no les conforma.
