Explotación sexual:
secuestro y tráfico
Mariana Alonso acusa el concubinato entre policías y tratantes.
La concejala presentó otro proyecto para combatir la trata
(Por Pablo Martínez) Desde el 2008, cuando la telenovela dramática emitida por Telefe Vidas Robadas, protagonizada por Facundo Arana y Soledad Silveyra, puso en la mesa de los argentinos el tema de la trata de personas, se comenzó a tomar dimensión de la problemática. Este año la concejala perteneciente al bloque Socialista, Mariana Alonso, presentó lo que se denominó un paquete normativo de tres proyectos contra la explotación sexual de la mujer de los cuales dos ya fueron aprobados.
El primero en aprobarse fue la modificación de la ordenanza de espectáculos públicos para la regulación de los cabarets y las whiskerías, que tienen como protagonistas dentro de su funcionamiento a bailarinas y alternadoras. El debate se abre a partir de las últimas porque no se define su función dentro del establecimiento, de manera que pueden ofrecer sexo y la oferta sexual en un lugar cerrado plantea el delito de explotación.
“Lo que hicimos fue detallar su funcionamiento y pusimos taxativamente que la alternadora deberá tener un contrato que se deberá exhibir como requisito de habilitación ante una inspección”, resaltó Alonso y definió la primera parte del proyecto aprobado. Además, agregó que con esta normativa se garantiza que las trabajadoras sean mayores de 18 años y con capacidad para contraer un contrato laboral en el cual quedará claramente expresado que no podrán ofrecer servicios sexuales.
También, en la norma se impide la existencia de boxes u habitaciones cerradas. La concejala detalló que la lógica de esta modificación es que anteriormente “todo lo que no estaba prohibido, estaba permitido”. De esta forma los inspectores municipales encontraban lugares cerrados dentro de los bares pero no los podían sancionar dando lugar a la explotación sexual.
El segundo proyecto aprobado dentro del conjunto normativo presentado por la edila fue la derogación de la libreta sanitaria para las alternadoras. “Sinceramente en el Concejo teníamos una normativa bastante discriminadora en materia de avance del derecho de las mujeres, porque la alternadora en las whiskerías o cabarets tenía libreta sanitaria con exámenes ginecológicos. Si la alternadora no debe ofrecer servicios sexuales por qué se le debían hacer análisis ginecológicos”, destacó Alonso y agregó que esa ordenanza venía de manera ilegal y contradictoria al trabajo que se está realizando contra la explotación sexual y la trata de personas.
Concluyendo el paquete normativo presentado por Alonso sólo falta la aprobación del proyecto en el que propone la creación de una mesa municipal de combate contra la trata. Esta normativa como objetivo principal tiene poner en agenda y definir cuáles son las estrategias necesarias para combatir este delito. La mesa de coordinación estará compuesta por la municipalidad a través de la secretaría de gobierno, el área de la mujer, la guardia urbana municipal, control urbano, inspectores municipales, tribunales municipales y provinciales de familia, tribunales federales y organizaciones no gubernamentales. La socialista aclaró: “Es importante poner en agenda el tema, discutirlo, capacitar al personal municipal y provincial en este combate. Porque sabemos que la explotación sexual es un fenómeno que se está naturalizado en la Argentina”.
Con respecto a los cuartos que se encuentran por calle Santa Fe en la intersección con Castellanos, frente a la estación de colectivos Doctor Mariano Moreno, Alonso comentó: “Ahí tiene que actuar la Policía y la Justicia porque no hay otra forma de ingresar a un prostíbulo sino es por la denuncia y sabemos que en estas cuestiones hay convivencia policial, del estado y la justicia. Hay una pseudo legalización del tema porque a todos los ciudadanos la explotación sexual les parece cotidiano”.
La socialista destacó que Santa Fe es una de las provincias con más trata, ya que es un lugar de recepción, cautiverio y tráfico de mujeres. También, comentó que se debe cambiar la ley nacional de trata de personas porque presenta una contradicción dentro de sí misma. Las menores recuperadas pueden denunciar al tratante mientras que las mujeres mayores de edad, al ser recuperadas de una red de explotación sexual, deben comprobar que fueron secuestradas contra su propia voluntad y que ejercieron la prostitución de manera forzada.
Debe quedar en claro que los proyectos aprobados y presentados no persiguen la prostitución individualizada sino que se persigue la explotación de la prostitución ajena por parte de terceros. Se intentará poner un límite al incremento comercial de este delito. Por otro lado, Argentina no se encuentra calificada de manera óptima en los rankings mundiales en lucha contra la trata de personas ya que no tiene una política clara en persecución de tratantes y proxenetas.
Los que luchan por fuera
Una de las integrantes de la organización no gubernamental Las Juanas, Gabriela Sosa, que lucha por los derechos de las mujeres desde el 2006 cuenta que este año se comenzó a trabajar más fuerte sobre dos ejes; por un lado la violencia de genero referida a la trata de personas y por el otro la imposibilidad que tienen las mujeres de poder decidir sobre su cuerpo.
Sosa declara que se están comenzando a problematizar situaciones diversas referidas a la trata como la existencia del incremento de lugares para la explotación sexual. Destacando como precedente el hecho de que en un folleto del Ente Turístico existía una publicidad de La Rosa Sexy Bar. “La responsabilidad principal para terminar con este delito tiene que ver con la participación fuerte del estado en todos sus niveles”, declaró la militante.
Sosa analiza el funcionamiento de la red de trata como un proceso donde primero la sociedad ve en la mujer un objeto sexual de consumo, que puede ser intercambiado por dinero. Luego surgen eslabones integrados por ambos sexos en los cuales el primer paso es de captación realizando un seguimiento sobre la víctima. Son personas que se encargan de identificar hogares con relaciones endebles donde hay adolescentes vulnerables y relaciones afectivas débiles. Se utiliza el enamoramiento de las chicas o la oferta de trabajo en los medios gráficos y virtuales donde se ofrecen posibilidades laborales lejos de su lugar de residencia con pagos exorbitantes. Una vez tomado el trabajo se les pide a las personas ir con el documento nacional de identidad, el cual es apropiado por el tratante y de esta manera puede controlar y trasladar a la víctima.
El segundo paso es el “adiestramiento-ablandamiento” de las mujeres que se resisten ante una realidad que se le impone. Los tratantes las golpean, drogan, asustan y amenazan para pasar al siguiente paso que es el traslado, integrado por un conjunto de actores que van desde remises privados hasta empresas de transporte, que movilizan a las víctimas de manera provincial, nacional e internacional.
El último paso es cuando se selecciona la ubicación de cautiverio de la persona, que es alquilada por no más de veinticinco días y luego se las vuelve a trasladar de prostíbulo para que no generen lazos con las otras cautivas ni los clientes. Pasado los años de cautiverio, las mujeres pueden comprar su libertad, pero esto comprende nunca alejarse de ese estilo de vida, ya que dejan de trabajar sexualmente pero son absorbidas por el sistema como nuevas reclutadoras o administradoras de prostíbulos.
El delito de trata de personas conlleva la violación de un conjunto de derechos humanos, agresión física y psicológica, privación de la libertad, sustracción de identidad, falta de alimentación y la obligación al consumo de drogas. Este delito ocupa el tercer lugar en el mundo debajo del narcotráfico y la venta ilegal de armas, generando un ingreso de dinero inimaginable.
Desde Las Juanas piden a la sociedad, puntualmente al cliente, que denuncie aquellos lugares donde pueden ver que las mujeres que brindan el servicio no están en buenas condiciones, ya sea con marcas en los brazos o en su cara. “Difícilmente el negocio de la trata continuaría si dejaran de existir los consumidores”, concluyó Sosa.
