Despenalización, antes.
Ahora, legalización
Proyecto en la cámara baja de Diputados para legalizar el
consumo y cultivo personal de marihuana en Argentina
(Por Joaquín Altamirano) Ya pasó un poco más de un año de que la Corte Suprema de Justicia de la Argentina declarara la inconstitucionalidad del castigo penal a la tenencia de drogas para el consumo personal en adultos. Pero ahora hay quienes van más allá de la despenalización y buscan la legalidad absoluta, es decir, eliminar la figura de “tenencia simple” y que se suprima la penalización de quien siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes que estén destinadas al propio consumo. Se trata de un proyecto presentado en la Cámara Baja del Congreso de la Nación por las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur. Otro de los cambios que propone el nuevo plan es la de bajar las penas a las mulas que están fijadas en penas de tres años de mínimo.
Matilde Bruera, defensora Pública en los tribunales de Rosario hizo referencia sobre la actual situación que se vive en la Provincia de Santa Fe: “En nuestra Provincia, y creo que a lo largo y ancho del país existe una política totalmente inadecuada ya que se castiga al consumidor y no a los que verdaderamente trafican grandes cantidades de marihuana y que se llevan con ellos grandes cantidades de dólares”. La abogada es una acérrima crítica al gobierno tanto provincial como nacional sobre el actual código y piensa que para lograr una solución se debe cambiar la política de estado para combatir el tráfico y cree que la única manera de frenar el narcotráfico es con la presentación de propuestas serias.
“Estas políticas de tolerancia cero han sido un gran fracaso ya que al mercado lo generaban los consumidores, cuando en realidad el mercado lo genera el que vende y no el que compra, y mucho menos, el que lo hace en pequeña escala para consumir”, expresó Matilde Bruera en relación a las políticas que tuvo la Argentina en el pasado. Bruera recordó que antes de la despenalización, los consumidores eran las víctimas y no puede haber una política criminal que persiga a los victimarios y también a las víctimas. “Es lo mismo que si mañana saliera una ley penal que persigue al ladrón y al robado”, exclamó la abogada.
Acerca de la nueva propuesta presentada por las diputadas de Libres del Sur, la abogada ve con buenos ojos las propuestas que van a ser debatidas en el Congreso de la nación y aconsejó que estos proyectos no queden en la nada. “Me parece bueno que de una vez por todas exista una política en contra de los que verdaderamente trafican las drogas y no contra los simples consumidores”, afirmó Bruera.
La defensora pública en los Tribunales Federales de Rosario sostiene que el estado es ahora quien debe encargarse de ir tras los grandes traficantes dejando a un costado los pequeños vendedores y ya descartando a los consumidores que hasta hace poco eran perseguidos y reprimidos aunque en menor medida. Otra función muy importante del estado es la de garantizar la salud de aquellas personas que sufren de la adicción brindando campañas preventivas y a su vez que se ofrezcan tratamientos públicos y gratuitos para quienes tengan problemas.
Por otra parte, Héctor Cavallero, actual concejal de la ciudad de Rosario y líder del Partido del Progreso Social (PPS) también tuvo opiniones acerca el proyecto elevado a la Cámara Baja del Congreso de la Nación. “Creo que con los códigos existentes, no hay un avance real de esta problemática que tenemos en la región y en la totalidad del territorio argentino”, deslizó Cavallero. Según el líder del PPS existen enormes gastos materiales y de personal, que genera tanto para las fuerzas policiales como para el Poder Judicial, la persecución del delito de tenencia de estupefacientes para el consumo, impidiendo que toda esta fuente de recursos pueda ser utilizada para combatir al narcotráfico.
En relación a la reducción de las penas para las denominadas mulas, el Concejal dice que está en total de acuerdo con es punto del proyecto ya que las penas oscilan entre los tres y doce años de prisión y cree que la aplicación de penas más flexibles daría un trato más humano para esa gente que indudablemente son víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. “Otras de las cosas que creo conveniente es la de dejar de criminalizar al consumidor ya que no tiene que ser tratado a la misma altura que el que realmente trafica a grandes escalas”, manifestó Héctor Cavallero.
Al igual que Matilde Bruera, el líder del Partido del Progreso Social opina que es fundamental implementar un plan que oriente las prácticas educativas para trabajar en la educación y prevención en materia de adicciones en todas las modalidades y niveles del Sistema Educativo Nacional.
