La mala salud pública
le da de comer en la
boca a las prepagas
(Por Facundo Borrego) La medicina prepaga en la Argentina es un servicio destinado a la clase media alta. O, mejor dicho, es un servicio al que pueden acceder solamente la personas de altos recursos económicos. Sin embargo, muchas voces del empresariado, como el titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostienen que es una prestación “barata” si se compara con otros lujos que se dan las familias. Pero la cuestión va más allá de la simple discusión sobre si es barato o no pagar 1500 pesos por un plan familiar. En el medio se discute la incapacidad del sistema de salud público, que promueve indirectamente este tipo de negocios. Además, la intención por parte del Estado de querer regular, choca con los intereses y el lobby de las prepagas.
Actualmente cerca de 4.5 millones de personas –el 8 por ciento en cálculos rápidos- abona una cuota a cambio de un servicio de salud complejo y eficiente. Estos adjetivos se agrandan de forma sideral si se compara con el sistema público, en decadencia desde hace décadas. Y la necesidad de pagar una cuota alta para atenderse con la mejor medicina, suscita de la brecha entre las dos realidades: la del hospital público donde los turnos duran días –y quizás no lleguen-, donde faltan insumos o donde un techo se puede desmoronar; contra la realidad pulcra de los mejores sanatorios con las últimas tecnologías y de atención “hiperpersonalizada”.
Según Belocopitt -un empresario muy hábil para los negocios, sólo basta con observar el imperio que construyó con Swiss Medical Group, además de su incursión en los medios y el deporte-, el problema hoy en día es el poco financiamiento de la salud. “Es difícil hablarle a la gente de los costos de la salud, porque la gente quiere que sea gratis. Pero, ¿quién dijo que la salud no tiene precio? El problema es que el sistema no tiene financiamiento y no funciona, entonces por obligación deben recurrir a nuestros servicios”, aseveró.
Además, relata con un tono más barrial que coloquial, que las familias no tienen una noción en la comparación de costos, es por eso que en su opinión una cuota de medicina privada es muy accesible. “La cuota de una prepaga es muy barata, lo vuelvo a repetir. Las familias son las primeras en putearnos cuando aumentamos, pero salen a cenar en Buenos Aires y gastan 800 mangos en una noche de morfi”, señaló.
Retomando el tema de la falta de financiación, Belocopitt argumentó: “Sólo dicen que lucramos con la salud, pero la realidad es que nadie invierte en este ramo. Fíjense los empresarios que invierten en oficinas, en hoteles, pero no en la salud. Un ejemplo son los capitales extranjeros de los ’90, todos se fueron del negocio porque se dieron cuenta que es muy complicado”.
Swiss Medical impuso un nuevo cuadro tarifario, con un aumento del 15 por ciento, lo que generó críticas de los mismos clientes y del gobierno nacional. A principios de año la Secretaría de Comercio Interior puso límites en los aumentos previstos por las prestadoras por aquel entonces. Después de muchas idas y vueltas, la cuota finalmente se incrementó. El ex diputado nacional, Héctor Polino, actualmente titular de “Consumidores Libres”, una organización que atañe denuncias y lucha por los derechos de los consumidores, explicó por qué si el Gobierno no tiene facultad para regular, lo hizo o por lo menos lo intentó.
“Debería existir una regulación por parte del Gobierno. Lo que sucede cuando interviene la Secretaría de Comercio Interior, es un arreglo con las prepagas. De alguna forma u otra las empresas recuperan la retracción en los valores, es decir, luego te cobran de otra forma lo que no pudieron incrementar en la cuota”, dijo Polino.
Hace dos años la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de regulación de medicina prepaga presentado por la diputada Patricia Vaca Narvaja. Desde entonces está cajoneado y si no se aprueba, en noviembre próximo perderá estado parlamentario.
Algunas de las modificaciones que se esperan son el aumento de los beneficios en medicamentos para enfermedades crónicas (el Plan Médico Obligatorio sólo provee una cantidad básica), la conservación de la antigüedad del usuario que se cambia de una prepaga a otra, y el control del precio unificado (se pretende que no haya diferencia en los incrementos de los usuarios directos y los corporativos).
La discusión se genera cuando los diputados no pueden explicar la demora en el tratamiento. Algunas personas hablan de presiones sostenidas del sector prestatario como forma de detener la sanción. “La presión de las prepagas siempre es fuerte y el problema es que nunca se sabe el nombre del operador”, detalló el ex ministro de Salud de Raúl Alfonsín, Aldo Neri, en el diario Tiempo Argentino en una nota de julio. En esta línea Polino aseveró que cuando se analizan las listas de aportantes de los candidatos a presidentes, o sea de las campañas presidenciales, las prepagas siempre figuran, “como fue el caso de Cristina Fernández de Kirchner”.
Regulación: ¿sí o no?
“Si hay regulación las empresas no podrían actuar a su gusto”, interpreta Polino con firmeza. Muy diferente es la opinión del sector privado de la medicina, el cual prefiere –a rajatabla si se quiere- que nadie regule sus negocios, como es el caso del coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo, Conrado Martínez, el cual escribió para el medio Bureau de Salud: “Con respecto a las empresas que integran este sector, nuevas víctimas involuntarias de la hiper-regulación, debe tenerse en cuenta que si el aumento del precio de sus cuotas no cubre como mínimo el aumento de sus costos (los cuales se elevan por temas inflacionarios o por nuevas prestaciones obligatorias que se disponga desde el Estado), el efecto inmediato será la pauperización del servicio o el reclamo de subsidios por parte de aquellas”.
Luego sostuvo que, desde el punto de vista económico, a los problemas de aumentos de precios debe abordárselos mediante el estímulo de la oferta de los bienes y servicios. Para cerrar su opinión en contra de una posible regulación por parte del Estado afirmó: “Si se estuviera ante una ‘cartelización’ de la oferta (cuya ocurrencia no debiera sospecharse sino probarse) es importante destacar que el Estado ya cuenta con un instrumento afín para evitar el mal funcionamiento de los mercados, llegado el caso, como es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”.
