Todo está guardado en
la memoria, sueño de
la vida y de la historia
(Por Naiara Vecchio) Alicia Gutiérrez es diputada provincial de Santa Fe por el partido SI. A su vez, fue querellante de la causa Guerrieri-Amelong. Desde el exilio, y más aún desde su vuelta al país, ha sido una impulsora de los juicios contra el terrorismo de Estado. En esta nota, comparte su proyecto de señalar los centros clandestinos de detención en la provincia. Al mismo tiempo, revela las satisfacciones logradas en todos estos años de lucha.
- ¿En qué consiste precisamente el proyecto que presentó para señalar los centros clandestinos en Santa Fe?
- La ley pretende designar a los centros clandestinos de tortura y exterminio que operaron en la provincia durante la dictadura, como "sitios de la memoria del terrorismo de Estado". Aunque ya hay una política de señalamiento de los lugares donde actuaron los genocidas, es necesario llevarla a cabo con un marco legal. Los hechos emblemáticos del accionar militar deben ser de público conocimiento. En tanto, la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983, debe ser conocida por todos. El artículo 2 de la norma establece, que el Poder Ejecutivo provincial garantizará la preservación de todos estos lugares, para facilitar las investigaciones judiciales y la memoria histórica. Es como una llama de la justicia que nunca se debe apagar.
- ¿Qué expectativas tiene para su tratamiento?
- Hay una promesa y voluntad política del oficialismo y la oposición, para que esta ley sea aprobada lo antes posible. Incluso, la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia mostró un gran interés para que haya una legislación sobre el tema. El proyecto ingresó por primera vez en septiembre de 2008 pero había perdido estado parlamentario a fines de abril. En su momento fue girado a cuatro comisiones: Derechos y Garantías, Cultura, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Las tres primeras le dieron dictamen favorable pero quedó cajoneado en la cuarta: Asuntos Constitucionales, que preside la diputada socialista Inés Bertero. Pero ahora fue presentado nuevamente y enviado solamente a Asuntos Constitucionales para que se complete el trámite legislativo con la aprobación de todos los bloques partidarios.
-Y de ser aprobada la ley, ¿qué alcances tendrá la normativa?
- Implica que todos los lugares donde hayan existido campos de concentración y exterminio, conocidos por municipios, comunas o por la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se encargará de marcarlos con una aclaración de que ahí funcionó, un centro clandestino de detención e inclusive poner el nombre de las víctimas. Y hasta faculta a llamar a un concurso para que la señalización tenga la misma estética en toda la provincia. Hace varios años los familiares de las víctimas de la Quinta de Funes, plantamos un árbol que fue extraído rápidamente y pusimos una placa que también fue cortada a la semana. Hoy no existe ninguna señalización de esos hitos de la memoria. No estamos pidiendo la expropiación ni nada por el estilo pero sí que en cada localidad la gente, los adolescentes y los niños sepan qué sucedió en estos lugares. Eso me parece lo más importante.
- ¿Considera que hay lugares específicos en la provincia que están siendo desprestigiados?
- Sí, sin lugar a dudas. Me parece totalmente injusto que un lugar como La Intermedia, por ejemplo, que está a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, donde hay una casa, un campo que se cultiva y vive gente, esté totalmente olvidado. Nadie sabe cuando pasa por allí que existió un campo de concentración donde operó el teniente coronel Juan Daniel Amelong, uno de los represores condenados a prisión perpetua en el juicio de Rosario. A su vez, está probada la existencia de cinco campos clandestinos: la Quinta de Funes, la escuela Magnasco, La Intermedia, la Fábrica Militar de Armas y La Calamita. Y estos centros de detención existieron, no fueron una fábula de tres o cuatro personas, sino que los testigos y querellantes atestiguaron dónde estuvieron detenidos, dieron detalles y dijeron quiénes habían sido sus captores y los reconocieron.
- ¿Actualmente, cuáles son las actividades que realiza desde su militancia?
- Desde el espacio Juicio y Castigo Rosario, venimos realizando reuniones con otras organizaciones de derechos humanos, diversos sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos. Las actividades van desde talleres y charlas-debate, hasta movilizaciones en diferentes lugares del país. El objetivo principal es agilizar todos los juicios que restan, ya que algunos expedientes tienen más de 20 años de atraso. La unificación de esfuerzos "hace honor al principio de celeridad procesal". La premisa de nuestra militancia es generar una concientización social, y principalmente en los más jóvenes. Pensamos que sin pasado no hay presente. Y sin presente, mucho menos habrá futuro.
- Finalmente, a casi dos meses de la sentencia de la causa “Guerrieri-Amelong”, ¿cuál es la lectura que hace de los juicios?
- La mayor satisfacción fue llegar a la verdad y justicia. Era conmovedor ver en la puerta de los Tribunales de Rosario a jóvenes estudiantes y militantes mezclados con la generación de los años 60 y 70. Todos estaban expectantes de la sentencia. Los jóvenes son los que más preguntan, los que más acompañan, los que masivamente se incorporan a las marchas del 24 de marzo, los que nos acompañaron el día de los veredictos en los juicios al ex juez de Santa Fe, Víctor Brusa y a cinco policías. Tengo a mi compañero de aquellos años -y padre de mi hijo- desaparecido. Y lograr la condena de los genocidas fue una felicidad suprema. Principalmente, siento que logré saldar una deuda personal, que hacía mucho tiempo me debía. Fue el resultado de una dolorosa lucha que anuló la impunidad y la impotencia, padecida durante todos estos años. La sentencia constituyó parte de la memoria histórica de un pueblo. Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer.
Causa “Guerrieri-Amelong”
Pascual Oscar Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong, Eduardo Rodolfo Constanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano, ex miembros del Destacamento de Inteligencia 121 del Ejército, fueron condenados con la máxima pena. El Tribunal Oral Federal Nº1 les aplicó la cadena perpetua y la cárcel común, por los homicidios de Ariel Morandi y Susana Miranda y siete casos de privación ilegal de la libertad, amenazas y tormentos.
La diputada Alicia Gutiérrez es integrante del espacio Juicio y Castigo Rosario y fue una de las querellantes del pleito. La organización está integrada por organismos de derechos humanos como Madres, Familiares, APDH, MEDH, H.I.J.O. S. y un conjunto de organizaciones sociales y políticas.
