La memoria y la
política en tiempos
de la sociedad actual
(Por Alvaro Arellano) Con el alfonsinismo y con el menemismo en las décadas del 80´ y 90´, se creó un sistema que perdonó todos los delitos cometidos durante la última dictadura militar en la Argentina, e impedía que los culpables fueran juzgados por los crímenes cometidos. Cuando surgió la posibilidad de reabrir las causas e iniciar los juicios contra los genocidas en 2003, muchas organizaciones decidieron hacer efectivo el juicio y castigo, hacerlo real ya que esa posibilidad existió, y consistió en llevar adelante las causas. Allí, estas agrupaciones tomaron la decisión política de enfocar su trabajo relacionado a eso, y en ese marco retomar muchas de las causas que ya habían sido comenzadas cuando volvió la democracia y que fueron indultadas por dichos gobiernos. Entre esos casos estaba la causa Feced, la más importante de Rosario, debido a que reúne la mayor cantidad de víctimas.
Tanto integrantes de Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se refirieron a cuestiones vinculadas al tema de los juicios, especialmente al que se lleva adelante por la causa Feced. Pero no solamente hacen una mirada sobre este caso en particular, sino que también dan un parecer que tiene que ver con lo político y social relacionado a este tema que marcó un cambio histórico en la sociedad argentina. Juan Basso, referente de Hijos, comentó que la organización decidió encarar estos juicios a genocidas con el objetivo de “terminar con el sistema de impunidad que se viene dando desde el alfonsinismo”. Además declaró acerca del tratamiento que le dan los medios al tema, y sobre la manera de obrar que tienen las autoridades políticas sobre el mismo.
En cuanto a los medios, Basso declaró: “La verdad es que no le dan la difusión que uno pretende, por lo menos nosotros creemos que estos juicios representan un momento histórico de nuestro país”. De esa manera se mostró un tanto disconforme con la tarea desempeñada por la prensa en estas cuestiones. Esto, debido a que “tiene que ver con algo que sucedió hace 30 años pero que tuvo un impacto tan grande que cambió el perfil de Nación”, comentó el referente de Hijos. Es cierto que destacó la tarea de algunos diarios de la ciudad, que tienen algún seguimiento de lo que sucede, pero así también remarcó que en la televisión “es muy raro ver algo, salvo en el caso que haya una actividad muy importante en la puerta de los Tribunales”.
Por otro lado, el mismo Basso hizo hincapié en la poca ayuda que recibieron por parte del municipio, lugar desde el cual no se acoplaron para potenciar cuestiones que tengan que ver con los juicios. Como contrapartida, destacó el trabajo realizado por la provincia, ya que desde allí “tuvieron una puesta de la secretaría al servicio del proceso de los juicios”, cosa que al principio no ocurrió, pero que luego sufrió un cambio e iniciaron el acompañamiento a los manifestantes a favor del reclamo de juicio y castigo.
Norma Ríos es otra de las voces autorizadas para referirse al tema. Es la presidenta de APDH, espacio importante si los hay, ya que es el que tomó los primeros casos para reabrir la causa Feced. En principio manifestó su descontento a partir del no cumplimiento de la condena de aquellos imputados que recibieron su castigo ante la ley, porque no cumplen su condena como cualquier ciudadano común. Pero en cierta medida, se siente conforme ya que a través de los juicios se ha logrado un impacto importante en la sociedad, en el sentido de generar una mayor conscientización sobre lo sucedido entre 1976 y 1982. “Los juicios son absolutamente políticos, vos no estás juzgando al que se hace el inimputable sentado en el banquillo, estás juzgando a una forma de haber ejecutado un genocidio para quedarse con toda la riqueza de la mayoría del país”, sostuvo Ríos, que también mostró su disconformismo con el sistema judicial, lo cual argumentó a partir de que es “el único aparato que ha quedado intacto de aquella época, ya que si no son los padres de los mismos jueces, son los hijos o los nietos“. Además, aseguró que “en los juicios no se avanzó lo suficiente, porque al paso que van, pueden llevar cien años”, aduciendo a que conseguirán no ser imputados antes de su fallecimiento, algo posiblemente reciente, teniendo en cuenta la edad promedio de los imputados.
En cuanto a su parecer sobre el accionar político en estas cuestiones, la presidenta de APDH demostró que está muy disconforme con el municipio por su pasividad más que nada a la hora de poner a disposición los sitios para llevar adelante los juicios. Tuvo una mirada más positiva con respecto al gobierno provincial, al que destacó por brindar seguridad y protección a los testigos a la hora de declarar. No lo hizo así con el gobierno nacional, al que cuestionó por preocuparse “más en verbalizar lo que hace que por actuar, porque para poner la plata en los fiscales, en los abogados, en los juzgados, sucede que no están empezando varios juicios porque no hay lugar donde llevarlos a cabo”.
Gabriela Durruty es otra de las personalidades involucradas en este causa específicamente, y que estuvo abocada también a otros casos de crímenes por lesa humanidad. Ocupa el lugar de abogada querellante, y representa a dos organismos de derechos humanos y, además, a un grupo de querellantes particulares que son una parte de los que abrieron la causa Feced allá por el año 1984. Durruty, a diferencia de Basso y de Ríos, afirmó que los juicios se están desarrollando con cierta rapidez, y explicó: “Estaba previsto para dos años, y cuando llevamos algo menos que eso, ya estamos casi por el final. Lo que ocurre es que la causa Feced es la más grande en Rosario”.
Trató de explicar desde su lugar el clima de angustia y de emoción que se vive en cada uno de los juicios, ya que “los sobrevivientes tratan de llevar la voz de los que no sobrevivieron para contar lo que pasó y eso hace que se vivan momentos muy difíciles”, apuntó Durruty. Destacó al gobierno nacional principalmente debido a que “no sólo apoya las causas, sino que posibilitó que ocurrieran”, al igual que lo hizo con la provincia, a la que distinguió por haber ayudado “conformando un programa de protección y acompañamiento de testigos que tiene más que ver con la salud, donde también hay un grupo de psicólogos que hacen de sostén”. La abogada, de esta manera, manifestó su conformismo y satisfacción con las herramientas brindadas por los distintos espacios políticos, a la hora de actuar ante estos casos.
Quizá no tuvieron esta misma manera de ver las cosas tanto Juan Basso como Norma Ríos por el hecho de sentirse afectados directamente por estos casos, y ver que la ayuda y el apoyo no fue el necesario. La presidenta de APDH, sostuvo: “A esta sociedad le pareció mucho más fácil decir por algo habrá sido y seguir, que entender que se habían destruido los lazos sociales por completo”. Mientras que el referente de Hijos apuntó que este proceso de juicios sirve mucho para que la gente pueda entender parte de la historia, pero que “al ver que el sistema de medios está tan configurado a cómo se fueron dando las cosas en nuestro país durante la dictadura, se entiende un poco el vaciamiento cultural que hay”.
