Los hospitales carecen
de un protocolo para
tratar a los adictos
(Por Yanin Gulam, Luciana Ekdesman y Pablo Martínez) El consumo de drogas es uno de los grandes flagelos que afecta a nuestra sociedad y se encuentra potenciado cuando los adictos no reciben un tratamiento adecuado. A la hora de la atención médica, los pacientes de bajos recursos se encuentran en desventaja porque no existe ninguna repartición pública a nivel municipal, provincial ni nacional para atender específicamente la problemática de los adictos a los estupefacientes. “Los hospitales públicos no están preparados para atender a nuestros chicos”, afirmó Mabel Ríos, docente y coordinadora de la Organización Madres en Lucha Rosario.
La llegada de pacientes con sobredosis a los diferentes dispensarios y guardias es constante. El doctor Guillermo Rodríguez, jefe de guardia del Hospital Centenario, explicó que los que más consultan son los adictos a la cocaína. Llegan con taquicardia, palpitaciones, sensación de ahogo y de muerte inminente. “Les hacemos un electrocardiograma para descartar algún problema cardiológico, un análisis de laboratorio y un tratamiento sintomático que consiste en reposo y esperar que se le vaya el efecto de la droga”, relató el médico.
Para la atención de los pacientes, los profesionales recurren a sus conocimientos sobre fármacos y apelan a su experiencia en el servicio que les toca. “Sólo controlamos la parte médica y se le hace un llamado de atención a los familiares para que consulten con un psicólogo o psiquiatra”, agregó Rodríguez. Por su parte, Ríos hizo énfasis en la carencia de un protocolo y de la falta de profesionales especialistas en el tratamiento y contención de pacientes con estas problemáticas. “Un millón de veces le pedí un protocolo al subsecretario de Salud de la Municipalidad, Leonardo Caruana, para saber qué hacer y a dónde ir, pero esto no existe”, consideró la docente.
Madres en Lucha Rosario trabaja con mujeres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos consumidores de estupefacientes. Una de sus tareas es acompañar a los adictos a los hospitales. Ríos comentó: “La mayoría de los casos que hemos llevado, se los intenta solucionar poniendo una pastilla debajo de la lengua tipo calmante, arriba de todas las drogas que venían consumiendo, lo que puede generar un paro cardíaco. Otra de las cosas que piden es que nos llevemos a los pacientes para evitar situaciones de violencia o pelea dentro de las instalaciones”.
Quienes tienen una obra social o prepaga pueden acudir a clínicas privadas o granjas de rehabilitación ya que los tratamientos están cubiertos por ley. Vicente Bondi, director administrativo de la Asociación Nazareth, argumentó: “Las empresas consideran el costo de la Administración de Programas Especiales (APE), que es el que le reintegra el Estado a las obras sociales. El último reajuste se hizo en el 2002”.
En algunas situaciones se gestionan becas para que pacientes de bajos recursos puedan acceder a un programa de asistencia terapéutica. Los hospitales reciben las crisis y las derivan. “Existen granjas privadas con las que el Estado hace un convenio para poder internarlos a través de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (Sedronar)”, comentó Mabel Ríos. Sin embargo, hay un detalle importante en las instituciones pagas. “Se trabaja con un cupo limitado y muchas veces es difícil dar respuesta todas las situaciones”, manifestó Bondi.
Mientras que los familiares de los drogadictos continúan su lucha para frenar la problemática, los médicos de los hospitales públicos siguen sin tener un protocolo que ayude a rehabilitar a los pacientes. De esta manera, las personas con bajos recursos siguen siendo las grandes víctimas, y el Estado continúa ausente.
